La "Plataforma de Docentes, Concertistas e investigadores del Principado de Asturias”, encabezada por Francisco Jaime Pantín, Manuel Paz y Alejandro Villar, ofrecerá hoy a las 11 una rueda de prensa en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo para denunciar la situación por la que atraviesan importantes músicos de esta Comunidad española, que ven cómo la Ley de Incompatibilidades vigente en el Principado de Asturias no permite a los más destacados intérpretes de la región compatibilizar su carrera artística con la docencia en entidades públicas. Es el caso de Aarón Zapico, director de Forma Antiqva al que, según información publicada en La Nueva España, la Consejería de Educación le habría llegado incluso a solicitar renunciar a cuatro importantes conciertos para poder desarrollar su trabajo como profesor de clavecín en el Conservatorio Superior de Música de Asturias. Zapico, que se ha convertido en uno de los miembros más visibles de la plataforma a la hora de denunciar las limitaciones de la Ley de Incompatibilidades, se unirá hoy en la rueda de prensa prevista a Pedro Ordieres y Francisco Revert, músicos de la Sinfónica del Principado de Asturias, Alejandro Villar, profesor del Conservatorio de Gijón y director de Eloqventia y Manuel Paz, profesor del Conservatorio del Nalón y miembro de EntreQuatre, para " presentar al público el manifiesto que la Plataforma ha elaborado con numerosas muestras de apoyo provenientes del ámbito musical y de fuera de él, de dentro y de fuera de Asturias, además de personalidades de las más amplias corrientes musicales", que muestran "Los daños que la aplicación desproporcionada de la Ley de Incompatibilidades está causando", daños que a juicio de la mencionada plataforma "son incalculables y pueden seguir agravando muy seriamente el tejido cultural básico de nuestra región si no se corrige inmediatamente esta anomalía. Anomalía que sólo se produce en Asturias. Asimismo, se instará de nuevo al Consejero Genaro Alonso a que asuma con urgencia las responsabilidades propias de su cargo y articule soluciones jurídicas según los supuestos que contempla la propia Ley y que son competencia del Gobierno del Principado. También, a la Consejera de Hacienda y Sector público para que, desde la Inspección General de Servicios, se busquen las vías legales que permiten la compatibilidad de las actividades que se reivindican", explica la plataforma en nota de prensa enviada a los medios.
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